Cuatro adolescentes trans presentaron una demanda de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente argentino Javier Milei, el cual limita el acceso a terapias de hormonización y bloqueos hormonales para menores de 18 años.
En la demanda, solicitan una medida cautelar que les permita continuar con sus tratamientos para “evitar los perjuicios que su interrupción abrupta podría causar en su desarrollo y bienestar”.
Milei realizó modificaciones a la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La ley vigente, sancionada por el Congreso en 2012, permite que las personas mayores de 18 años accedan a tratamientos hormonales o cirugías para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida. En el caso de las personas menores, se requiere el consentimiento de sus tutores y la autorización de un juez.
La reforma de Milei, modifica el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, que garantiza el derecho al libre desarrollo personal. En su lugar, incorpora un nuevo texto que prohíbe los tratamientos para personas menores de edad. Uno de sus párrafos establece textualmente: “Las personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad no podrán acceder a las intervenciones y tratamientos a los que hace referencia el presente artículo”. Actualmente, los médicos tienen restringida la posibilidad de prescribir terapias hormonales a personas trans menores de 18 años.
“Es un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos y una violación al principio de progresividad y no regresión consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales”, afirmaron las organizaciones 100% Diversidad y Derechos y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) al periódico Clarín.
Diferentes estudios médicos y organizaciones de salud, como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han señalado que la interrupción repentina de las terapias hormonales en adolescentes trans puede tener graves consecuencias físicas y psicológicas, como depresión severa, angustia y un mayor riesgo de suicidio.
A través de un comunicado, la SAP expresó su preocupación ante la situación, advirtiendo que el decreto “podría poner en riesgo la salud de los niños, niñas y adolescentes trans”.
Expertos en derecho constitucional afirman que “el decreto se dictó sin cumplir con los requisitos constitucionales de necesidad y urgencia, usurpando funciones del Congreso y violando el principio republicano de división de poderes”.
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