El 15 de marzo de 2007, España se posicionó a la vanguardia de los derechos LGTBIQ+ al convertirse en uno de los primeros países en aprobar una Ley de Identidad de Género.
Aunque hoy en día ha quedado obsoleta, en su momento supuso un importante avance en los derechos de las personas trans.
Era fundamental establecer un marco jurídico que asegurara el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de quienes cuya identidad de género no coincidía con el sexo asignado al nacer.
La Ley 3/2007 regulaba los requisitos necesarios para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo de una persona en el Registro Civil cuando dicha inscripción no se correspondiera con su verdadera identidad de género, permitiendo, del mismo modo, el cambio del nombre propio para que fuera concordante con el sexo reclamado, sin necesidad de haberse sometido a una cirugía de reasignación de sexo.
Aunque la cirugía no era un requisito, las personas debían presentar un diagnóstico de disforia de género, respaldado por un informe médico o psicológico, y haber seguido al menos dos años de tratamiento médico para adecuar su físico al sexo reclamado.
De este modo, España se sumó a los países europeos con legislación específica para garantizar la cobertura y seguridad jurídica a las personas trans, permitiéndoles corregir la asignación registral inicial de su sexo cuando no coincidiera con su identidad de género, así como el derecho a llevar un nombre acorde con su identidad.
Dieciséis años después, España volvió a posicionarse como un referente en legislación LGTBIQ+. Tras un intenso debate social, marcado por la oposición de sectores TERF y la extrema derecha, el 16 de febrero de 2023 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, conocida popularmente como Ley Trans.
Este nuevo marco legal permitió la autodeterminación de género a partir de los 16 años y prohibió las terapias de conversión en todo el territorio nacional. Sin embargo, no incluyó a las personas migrantes ni a las personas no binarias.
Días después de la aprobación de la ley, expertos de la ONU publicaron un comunicado elogiando la medida y destacando que el texto “armoniza el sistema español al reconocer legalmente la identidad de género a través de la autoidentificación”, considerada por la institución como la mejor práctica.
Tras la aprobación de la Ley Trans, España escaló siete posiciones en el ranking de países con las mejores legislaciones LGTBIQ+. Pasó del puesto número diez al cuarto en el índice anual Rainbow Europe, elaborado por ILGA-Europe, que clasifica a los países según la solidez de sus leyes en materia LGTBIQ+.
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